La gestión de los fondos ICO no es sencilla. A la falta de fluidez por problemas burocráticos, se suma la posibilidad de que estos fondos no estén siendo destinados a la finalidad prevista en la Ley. De ser así, ¿qué consecuencias puede tener esta gestión? Eduardo de Urbano, Of Counsel de la firma, opina en este artículo para El Economista sobre esta idea, y explica que al «aplicar fondos públicos a fines distintos de aquéllos para los que la subvención o ayuda fue concedida (art.308.2 CP), puede estarse cometiendo un delito de fraude de subvenciones«.

Y cuenta que, «la gravedad de estos hechos radica, igualmente, en que para los particulares perjudicados supone una derivación con posibles responsabilidades civiles, salvo que denuncien a la persona en la que habían confiado la correcta gestión de la ayuda y, de ese modo, se desvinculen de la conducta ilícita y puedan recuperar las cantidades desviadas de su finalidad original«.

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