El Derecho del Arte continúa reafirmando su importancia. Sin duda, la inteligencia artificial sigue revolucionando el sector creativo. A nivel europeo, el gran hito fue la entrada progresiva en vigor del Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act). Y, aunque no está diseñado específicamente para el sector artístico, sus exigencias en materia de transparencia, trazabilidad y gestión de riesgos impactan directamente a plataformas culturales, archivos, instituciones y actores del mercado.
Sin embargo, el debate más sensible que desata en el mundo del arte es la protección de los creadores frente al uso de obras para entrenar modelos de IA. Desafortunadamente, aún no hay certezas sobre cómo se protegerán a los artistas y la respuesta sigue sin ser satisfactoria. En España, el Ministerio de Cultura ha manifestado el interés en ser líder en el debate europeo, pero la propuesta sobre el uso de licencias colectivas ampliadas para el uso de obras en el desarrollo de modelos de IA ha sido retirada por falta de consenso en el sector cultural.
Esta, por supuesto, no es la única área en la que impacta la IA. Nuevas herramientas aparecen para autenticar las obras de arte garantizando precisión y un entrenamiento minucioso de la técnica de los artistas. Sin embargo, expertos como curadores e historiadores han reivindicado el papel del connoisseur y del juicio humano en la valoración del arte, cuestionando, a su vez, los futuros medios de prueba en litigios por autenticación y falsificación de obras.
Y, mientras a nivel internacional, se agitan discusiones relacionadas con la protección de los creadores y la compensación justa por el uso de las obras, España sigue enfrentando un tema crucial en el mercado: el IVA del 21% en la venta de obras de arte a través de intermediarios y revendedores. A pesar del cierre de las galerías del 2 al 7 de febrero y el cese de colaboraciones gratuitas con instituciones públicas y privadas durante 3 meses anunciado por el Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo, aún no hay indicios de que el Ministerio de Hacienda tome cartas en el asunto.
A nivel de los creadores, la precariedad de los artistas visuales sigue siendo estructural. De los 24.000 artistas profesionales en España, solo el 12% vive de la venta de su obra y apenas el 2% lo hace con estabilidad económica. Solo el 20% tiene exposiciones regulares y el 86% trabaja en un mercado sin ingresos constantes. Esta situación hace urgentes cambios jurídicos largamente discutidos: la modificación del Estatuto del Artista, la fiscalidad y seguridad social adaptadas a la intermitencia creativa, la protección efectiva de los derechos de propiedad intelectual y el reconocimiento de prácticas transparentes y justas en el mercado.
Además, persiste la brecha de género entre los creadores. El estudio En manos de mujeres del Instituto de Arte Contemporáneo (IAC) señaló que, aunque el 71% de las mujeres cuenta con formación profesional en arte, esa mayoría no se traduce en presencia equivalente en galerías, ferias o colecciones, afectando directamente el valor y la proyección internacional de sus obras. Nuevamente, el derecho del arte tiene aquí un papel decisivo: promover políticas de igualdad en instituciones, exigir transparencia en procesos curatoriales y fomentar mecanismos públicos y privados que corrijan estas asimetrías.
En contraste, el derecho de reventa sigue en aumento. Según información publicada por VEGAP, las recaudaciones por la reventa de obras en el mercado secundario pasaron de 753 en 2024 a 1.195 en 2025, y el número de artistas con al menos una reventa aumentó de 291 a 336. España concentró el 89% de las operaciones en 2025 (frente al 96% en 2024), abriéndose a otros mercados como el Reino Unido (4,3%) y Suecia (5,3%). Este impacto en los artistas y sus herederos, sin duda, también será medido durante el 2026.
Paralelamente, la gestión de legados adquirió mayor visibilidad tras el informe Legados. Espacios para el cuidado de las creaciones contemporáneas de la Fundación Gabeiras. El estudio visibilizó la difícil situación que enfrentan los artistas mayores y cómo esta fragilidad se refleja en la conservación de su legado artístico para futuras generaciones. Desafortunadamente, aunque la protección del patrimonio cultural español es una responsabilidad conjunta entre instituciones, artistas y agentes del sector, en la práctica los artistas son los únicos responsables de su conservación.
En materia institucional, los museos y entidades culturales se enfrentan a un aumento en los procesos de restitución vinculados a contextos coloniales, expolios históricos y conflictos armados. En España, por ejemplo, aunque parecía que la disputa del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza por la obra Efecto de lluvia de Camille Pissarro estaba cerrada, la nueva ley del Estado de California (AB 2867) reabrió la posibilidad a sus herederos de recuperarla. Pero, además, confirmó que la jurisdicción estadounidense sigue siendo una herramienta estratégica para este tipo de reclamaciones. Por lo pronto, es claro que los museos afrontarán cada vez más un mayor escrutinio sobre la procedencia de las obras y la transparencia en la toma de decisiones sobre sus colecciones, con implicaciones directas en su reputación y responsabilidad civil.
Finalmente, en materia de AML/KYC, el estándar se sigue elevando en el mercado del arte. Mientras en Estados Unidos, el Art Market Integrity Act apunta a endurecer los controles en el mercado e incrementar la transparencia y trazabilidad de transacciones de alto valor, en el Reino Unido se reforzaron obligaciones de verificación, notificación y reporte para los participantes del mercado. En España, por su parte, aunque no se han presentado cambios recientes en esta materia, creció el interés por protocolos de cumplimiento ante riesgos de blanqueo, receptación o contrabando, con el fin de reducir riesgos penales y reputacionales.
Sin duda, estamos frente a un ecosistema con relaciones cada vez más complejas y transfronterizas y en él, el Derecho del Arte se consolida como una herramienta estratégica para anticipar litigios, gestionar el riesgo de todos sus actores y generar nuevas reglas de juego en el mercado del arte.
