El deber de colaboración de las empresas con la justicia y su derecho a no autoincriminarse plantean importantes desafíos en el ámbito de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
En su tribuna 'La delgada línea entre el deber de colaboración y el derecho a la no autoincriminación de la persona jurídica', publicada en Confilegal, Sandra Imedio Rico, abogada especializada en Penal Económico de Kepler—Karst Law Firm, analiza las tensiones jurídicas que surgen cuando una empresa detecta posibles delitos a través de sus canales internos de información y debe decidir cómo actuar ante las autoridades.
La Ley 2/2023 y el artículo 31 quater del Código Penal sitúan a las organizaciones ante un escenario complejo, en el que investigar, comunicar los hechos y aportar pruebas puede contribuir a atenuar su responsabilidad penal, pero también comprometer su propia estrategia de defensa.
En su análisis, Sandra aborda los límites del deber de colaboración, el valor probatorio de las investigaciones internas y la necesidad de revisar el marco normativo para garantizar que las empresas que investigan, colaboran y reparan el daño no queden en una posición de mayor vulnerabilidad jurídica.
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