Gracias a Expansión por contar con Eduardo de Urbano, Of counsel de Kepler-Karst y magistrado en excedencia, para abordar la preocupación que existe entre los fiscalistas respecto al acceso a los equipos informáticos.
De Urbano destaca que uno de los principales conflictos radica en las entradas y registros en domicilios constitucionalmente protegidos y el acceso a dispositivos móviles. "Nos encontramos muchas veces con que la Inspección entra en una empresa y acaba recabando más información de la que estaba autorizada.
"Los inspectores no pueden entrar en un domicilio con fines prospectivos y los jueces están frenando esto", explica. Además, subraya la controversia actual respecto a la custodia y análisis de pruebas en dispositivos electrónicos.
También resalta la interesante doctrina que está introduciendo el Supremo diferenciando entre deuda y fraude. "La Administración actúa muchas veces presumiendo que hay un dolo o una culpa para llevar el asunto a delito fiscal y no siempre es así", afirma Eduardo. Igualmente, enfatiza la importancia de contar con peritos en los procedimientos judiciales. "La base del procedimiento es la contradicción y el Supremo está siendo muy garante con las periciales", concluye.
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