La aprobación de la Directiva (UE) 2026/799 marca un nuevo paso en la evolución del marco europeo de insolvencia y obligará a los Estados miembros a revisar aspectos concretos de sus sistemas nacionales antes de 2029.
En su tribuna publicada en Vozpópuli, Prof. Dr. Rodrigo Olivares-Caminal y Marcos D'Alessandro analizan el alcance de esta nueva directiva, las principales cuestiones que deberán abordarse durante su transposición al ordenamiento español y sus implicaciones para la previsibilidad y la eficiencia de los procedimientos de insolvencia en Europa.
El artículo también repasa su proyección sobre los países candidatos a la adhesión, que deberán alinear sus sistemas de insolvencia con este nuevo estándar comunitario. Ya no basta con coordinar procedimientos transfronterizos como preveía el Reglamento (UE) 2015/848: ahora la Comisión evaluará si esos países cuentan con reglas sustantivas equivalentes en acciones rescisorias, rastreo de activos, pre-packs, deberes de los administradores y participación de acreedores, así como con la capacidad institucional real para aplicarlas.
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