La liquidez de 33.000 millones blindada por el ICO en la pandemia que expira en 2028 complica las reestructuraciones.
Los 33.000 millones de euros en créditos avalados por el ICO que expiran en 2028 se han convertido en uno de los principales retos para las reestructuraciones empresariales en España.
La imposibilidad de extender sus plazos sin autorización expresa de la Agencia Tributaria (AEAT) está dificultando numerosos procesos de refinanciación y reestructuración, especialmente en compañías con elevada exposición a la deuda postpandemia.
Tal como analiza Cinco Días, las firmas especializadas en reestructuraciones buscan vías alternativas dentro del marco legal concursal que permitan alcanzar acuerdos sostenibles sin pérdida del aval público, un desafío que pone a prueba la flexibilidad y la eficacia del sistema actual.
En este contexto, Davinia Sánchez, socia directora de Kepler-Kars Law Firm, y Malena Vila, asociada del departamento mercantil, destacan que “la deuda que permanece tiende a concentrarse en las empresas más vulnerables”. Añaden que el verdadero impacto de la pandemia “ya no se mide por el volumen de crédito concedido, sino por la capacidad real de las compañías más expuestas para devolverlo”.
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