El concurso de acreedores de personas físicas se ha consolidado como una pieza clave del sistema concursal tras la reforma de 2022, especialmente en el marco del mecanismo de segunda oportunidad.
Su correcta aplicación exige un análisis técnico riguroso de sus efectos, límites y riesgos, tanto desde la perspectiva del deudor de buena fe como de la adecuada tutela de los acreedores. En particular, el debate doctrinal cobra especial relevancia en los supuestos de concurso sin masa, donde se concentran algunas de las principales tensiones del modelo actual.
En el artículo publicado en El Derecho, Alicia Díaz, asociada del área de Reestructuraciones e Insolvencias de Kepler-Karst, analiza en profundidad los principales focos de abuso y fraude detectados en la práctica concursal, así como propuestas concretas de mejora orientadas a reforzar los mecanismos de control y la seguridad jurídica del sistema.
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